Especialistas de la UNER, contra las fumigaciones - Universitarias

El tema es urticante, toda vez que refleja la tensión existente entre universos conceptuales diversos dentro mismo del Estado. Ciertamente, por un lado está establecido que el éxito de algunas políticas está asociado al crecimiento (multiplicación y expansión) de las explotaciones y su producido; mientras, paralelamente, en una oficina acaso vecina pueda considerarse que esa línea de trabajo produce efectos nocivos sobre el hábitat y por lo tanto debiera ser combatida o al menos restringida, como efectivamente ocurre si se repasan los presupuestos que sobrevuelan áreas como Producción, Salud o Ambiente sustentable.

Ahora mismo, el gobernador Urribarri ha anunciado la conformación de una unidad de gestión ambiental que, precisamente, viene a intentar dar cuenta de estos debates inconclusos al interior del sector público. Por eso, mientras se espera que el compromiso del mandatario se cumpla, en el sentido de que el área estaría funcionando antes de fin de año y que su conformación será amplia, plural, merece destacarse que un grupo de estudio del Proyecto de Extensión “Por Una Nueva Economía, Humana y Sustentable” de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), haya presentado notas a los diputados y senadores provinciales, a los ministros de la Producción y de Salud y al propio Urribarri, en las que se denuncia la situación de emergencia en el uso de agroquímicos y solicitan —en algunos casos— se tomen medidas concretas y en otros se habiliten los espacios para el debate.

Los estudiosos de los agronegocios no apuntan sólo a la producción de soja y la constitución de feed lot, sino a toda una forma de entender la economía y la producción según la cual, los negocios van por un lado y el hábitat obligadamente por otro.

El análisis del modelo de agronegocios empujó al grupo a elaborar un documento que reclamaba cambios urgentes a la normativa nacional y provincial que regula la aplicación de los agrotóxicos, y lo presentaron a los organizadores de una audiencia pública realizada recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación, para debatir el tema. También se participó del I Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, jornadas que se desarrollaron en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba los días 27 y 28 de agosto, del que surgió un llamado dramático a la inmediata suspensión de las pulverizaciones. El grupo está conformado, entre otros, por la magister en Derecho Ambiental Delma Abt, los abogados Marcela Haiek y Fernando Iturriza, los ingenieros agrónomos Alberto Kipen, Carlos Weber y Mario Raúl Den Daw, el biólogo Alfredo Berduc y el economista Luis Lafferriere.

CAMBIOS. En concreto, el grupo interdisciplinario analiza críticamente un modelo de producción agropecuaria, que desde la década de los 90 tiene un crecimiento sostenido, mayor rentabilidad con escaso riesgo y mínimo trabajo, además de la siembra de soja transgénica con un aumento en pocas campañas en forma exponencial.

Detallan como otro resultado de esta actividad, los “efectos colaterales” del modelo de producción vigente, que son el grave daño a la salud de las personas, constatado por numerosos profesionales: “médicos, nutricionistas, biólogos, bioquímicos, científicos e investigadores, quienes con esfuerzo y valentía, vienen denunciando un sinnúmero de casos de cáncer, leucemias, malformaciones y afecciones graves a causa del vertido —siempre en aumento—, de agroquímicos en los ecosistemas”.

“Esa práctica, absolutamente admitida, no se limita a la producción agraria industrial o de gran escala (como la soja), también son regados con químicos muy tóxicos los cordones frutihortícolas de nuestras ciudades”, se señala, antes de citar que “los costos sanitarios, ambientales y sociales van dejando un tendal de víctimas, además de alentar un sistema productivo altamente dependiente de los vaivenes externos”.

En un documento público, el grupo formula la alternativa de un modelo productivo sustentable, que recupere la diversidad productiva y la soberanía alimentaria, como contracara de un modelo que beneficia principalmente a grandes empresas proveedoras, comercializadoras y a productores (sean estos propietarios, arrendatarios o pooles de siembra), con ganancias a corto plazo, dinero efectivo o divisas.

También, solicitan a las autoridades provinciales la declaración de una emergencia en el uso de agroquímicos; la prohibición de realizar aplicaciones de agrotóxicos a menos de 800 metros de toda vivienda y escuela rural; la prohibición de aplicar agroquímicos en las costas de ríos y arroyos a menos de 800 metros; prohibición de aplicación de todo producto tóxico en la producción de alimentos que pongan en peligro la salud de la población. Además, se reclama una inmediata vigilancia epidemiológica; fuertes sanciones para los infractores, un riguroso monitoreo y una mayor información que sea accesible a toda la comunidad.

Fuente: El Diario de Paraná