Desde que el ministerio de Educación de la Nación publicó la resolución 1254/18, el ámbito universitario y diversos consejos profesionales se debaten en un estado de preocupación por el futuro de las implicancias educativo y laboral.


La normativa, del Boletín Oficial del 15 de mayo, reordenó los perfiles académicos a través de la ratificación de un trabajo de más de tres años del Consejo de Universidades (CU), conformado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).


En nuestro sistema, cada titulación recibe habilitaciones para el ejercicio profesional, sus alcances (anteriormente incumbencias). Dentro de este grupo, existen algunas acciones denominadas actividades reservadas (con riesgo al interés público) y alcances en general (sin riesgo al interés público). Las primeras funcionan a modo de paraguas frente a disciplinas que se desempeñan en un área similar, pero no tienen habilitación.


El trabajo del CU analizó esas limitaciones de carreras, agrupadas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, y estableció que solamente debían reservarse las que impliquen riesgo directo sobre el bien público, agrupando al resto bajo alcances del título. Así, el nuevo ordanamiento supone que un profesional no podrá ejercer en otras áreas que no son de su competencia, por más que haya estudiado en esos campos.


En consonancia con el CIN, desde la cartera nacional defendieron la nueva regulación. “El diseño de alcances y actividades reservadas que se deja atrás fue pensado en los años 50, cuando la oferta académica era más reducida y a su vez no teníamos muchos de los trabajos que hoy son demandados. Lo que estamos haciendo con la nueva normativa no se trata de restringir posibilidades profesionales, sino todo lo contrario: sumamos nuevos perfiles, ampliamos el universo, y ahora también pueden llevarlas adelante profesionales de otras titulaciones afines, siempre y cuando su formación sea la específica y necesaria para estas”, fue el argumento central.


Acciones


Las profesiones implicadas son varias: Farmacia, Bioquímica, Medicina, Odontología, Psicología, Veterinaria, Ingeniería Biomédica y Enfermería. También hay otras, no incorporadas a ese artículo, pero que forman parte de las profesiones presentes en el equipo de salud y que se matriculan en distintas jurisdicciones provinciales: Kinesiología, Fonoaudiología, Biología, Bromatología, Nutrición, Obstetricia, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Musicoterapia y Psicopedagogía.


Tanto en el ámbito académico como laboral se dieron fuertes críticas, teñidas por un halo de confusión y desconcierto. Las carreras que vieron reducido el número de las mal llamadas incumbencias fueron las primeras en alzar la voz. En el caso de Psicología pasó de 16 a 5, mientras que Arquitectura de 20 a 4.


En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, luego de una reunión con las autoridades, el centro de estudiantes de la casa de estudios realizó una exposición abierta al público donde se informó sobre el tema. El ex decano de FADU y ex rector de la UNL, Miguel Irigoyen, comentó cómo afectaría los alcances del título de arquitectura.


En el Colegio de psicólogos -1ra circunscripción- de Santa Fe convocó a una reunión a los matriculados con objeto de evaluar acciones a seguir. “En una coyuntura neoliberal que promueve la ruptura y el individualismo, los psi optamos por el encuentro. Desde allí, renovamos el compromiso con las instancias de construcción colectiva, donde compartimos dudas en la defensa de cada uno de los derechos que hemos conseguido”, expresaron.


Desde Franja Morada de la FICH subieron la propuesta de estándares para sus títulos, elaborado por CONFEDI, para presentar este 21 de junio ante el Consejo de Universidades. Además, anunciaron que desde la facultad están elaborando un documento informativo que colgarán en la página de la FICH. En tanto, renovaron el pedido de una charla abierta para toda la comunidad de la FICH.

Por su lado, en la sede de la UTN se llevó a cabo una charla-debate sobre los alcances de los títulos de las ingenierías, a partir de una serie de reuniones convocadas por los consejeros estudiantes del METAs. “Es importante estar informados y comprometidos con la realidad que juntos construimos, sin despegarnos de esos espacios de decisión”, publicaron en un comunicado.
Las lecturas locales

La secretaria general del Colegio de psicólogos, Luz Marina Leegstra, junto a las secretarias de prensa, Daniela Biaggini y Cecilia Bourlot, dialogaron con El Litoral acerca de la situación. Con énfasis, resaltaron los pedidos previos al CIN que datan desde agosto de 2015 y destacaron el giro inesperado donde lo primordial ya no es sólo la reducción en actividades reservadas sino la falta de especificidad de las mismas.

“Creemos que las 5 actividades establecidas resumen a las 16 anteriores, pero el artículo 3 se configura como sospechoso. Lo que más alerta nos genera es que no se expresa de forma precisa con respecto a las actividades reservadas para la profesión, haciendo mención a actividades compartidas, lo que se dispone ambiguo respecto de la exclusividad”, dijo Leegstra.

El mentado artículo 3 sostiene que “la fijación de las actividades reservadas profesionales que deban quedar reservadas a quienes obtengan los títulos incluidos o que se incluyan en el régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, lo es sin perjuicio de que otros títulos incorporados o que se incorporen a la misma puedan compartirlas”.

Al respecto, Bourlot sostuvo que pareciera que “quedarán a merced de la interpretación discrecional de quien tenga que tomar la decisión de la aplicación”, y que por ello “a través de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, pedimos que se detallen los ámbitos, como estaban dispuestos antes”.

A modo de ejemplo, las entrevistadas citaron las dos actividades reservadas a los médicos. “Están redactadas de modo que se puede suponer que la capacidad asignada a evaluar cualquier tipo de diagnóstico ‘en la salud humana‘, involucra el diagnóstico del psicólogo en cuanto a la ‘salud mental humana‘”.

Este punto se dispone como uno de los que más temores genera, debido a que la capacidad de dirigir y planificar instituciones públicas y privadas de las distintas áreas de la psicología, es considerado uno de los logros del área en conjunto con la Ley de Salud Metal; que asumió polémica propia en 2017 -a raíz de un proyecto de reglamentación que modificaba algunos artículos- y dejó sensibilizados a los profesionales.

Desde el CIN señalaron que “las actividades reservadas no indican todo lo que un profesional está habilitado a realizar. El principal efecto de esta resolución es que preserva la atribución de cada universidad de definir los alcances de las titulaciones que emite, con excepción de ese conjunto de actividades reservadas, ahora limitado y definido con mayor especificidad”.

Respecto de la reunión en la sede local, comentaron que “los colegas transmitieron las preocupaciones surgidas. En gran medida hay temor pero en el terreno de la suposición. Con el seguimiento por asambleas pretendemos acotar la cuestión más puntual de las reacciones negativas”.

En Buenos Aires, el 25 de Mayo se reunieron todos los Colegios del país en vistas de seguir defendiendo las necesidades de la carrera de Psicología. Los pasos a seguir se definieron de forma unánime: se pidió una audiencia con el ministro Finocchiaro, requerir los fundamentos de la Resolución por lo que no contempló las objeciones previas presentadas por la Federación y los Colegios y adelantar la próxima asamblea general al 30 de Junio para realizar un seguimiento pormenorizado.

El miércoles por la tarde, el auditorio de la UTN fue la sede de una charla-debate solicitada por el centro de estudiantes. Casualmente en el día de la Ingeniería, el decano y ex secretario académico, Rudy Grether, se expresó ante un nutrido público de estudiantes preocupados por la situación. Desde el centro, anunciaron el pedido al máximo órgano de gobierno de la facultad para que se expida mediante Resolución del Consejo Directivo respecto de la 1254/18.

En un clima de tensión palpable, Grether realizó una detallada introducción del recorrido que recibió la normativa para llegar a ser tal, enunciando órganos involucrados, universidades implicadas, números de las votaciones y decisiones que se tomaron en contra de dictámenes de distintas comisiones.

“El plenario de consejeros del CIN votó 11 a 1 lo que derivó en la resolución 1254. El único en contra fue el rector Calzonni -Universidad Nacional de Avellaneda- que precisamente es Ingeniero”, deslizó.

Las carreras mayormente afectadas son Ingeniería Civil y en Sistemas. Por medio de un comunicado el Consejo Profesional de Ingeniería Civil “rechaza de plano la Resolución Ministerial por implementar a futuro una política educativa que afecta y degrada la formación que tienen hoy los Ingenieros Civiles”.
 
Frente a las consultas sobre la manera en que se verán afectados los estudiantes, el decano sostuvo que “hay menos actividades reservadas y redactadas de manera general, que llevan a zonas de libre interpretación”.

Según lo argumentado en el debate, desde el Consejo Superior de la UTN se han presentado 3 resoluciones de rechazo a la normativa n° 1131 (madre de la n° 1254). Una de rechazo general, la segunda de rechazo estrictamente a la resuelto sobre ingeniería civil y la tercera por ingeniería en sistemas de la información (una de las más afectadas ya que se encuentra a la espera de la acreditación de la CONEAU). “No sé de qué manera impactará. Venimos batallando hace mucho tiempo y vamos a seguir haciéndolo. De ahora en más frente a la resolución ministerial”, expresó Grether.


¿Cuestión de lobby?

La charla en el auditorio de la UTN, contó con dos disculpas del decano debido al tono de sus palabras. Transitada la mitad de la exposición, Grether se expresó visiblemente molesto por el avance de las actividades profesionales del título de Ingeniero en Agrimensura, que derivó en el primero de los pedido.

En respuesta a una duda de los presentes, respecto de a quién beneficia la polémica resolución ministerial, el decano comentó que “desde un punto de sospecha se puede interpretar una intencionalidad política en desmedro de la educación pública y en favor de cursos de grado y posgrado, que son de modalidad paga”.
A partir de esta lectura, Grether enunció que los avances de algunas profesiones, como el de Agrimensura sobre Civil, “responde a un fuerte lobby”, al que tildó de “avance corporativo de una actividad”, en referencia al Colegio de Agrimensores.

“Pido disculpas si alguien se ofende, pero durante años Agrimensura fue una titulación intermedia de Ingeniería Civil. Incluso muchos graduados nuestros se desempeñan en este ámbito”, apuntó.

En otro momento de la charla se dio el segundo de los pedidos, esta vez por la vehemencia con la que se estaba expresando. El apasionado discurso se dio en defensa de la profesión. “Históricamente sufrimos discriminación. Hace tres décadas, cuando era estudiante, éramos los ingenieros de noche, ingenieros de segunda”, se descargó.

“Pido disculpas por la vehemencia. Pero mi temor es que volvamos a esto, que la libre interpretación lleve a una nueva discriminación a nuestros graduados”, cerró.

Fuente: El Litoral