Se estima que en la Argentina hay más de 32 millones de teléfonos celulares en uso, sobre una población total aproximada de 41 millones de habitantes, y se estima que en 2011 esta cifra llegará a los 34,3 millones. Pero a la par de ese crecimiento en los últimos dos años se desechó anualmente casi el 30% y los niveles de descarte se cuadruplicaron en sólo cinco años.

A su vez, los celulares contienen metales pesados y sustancias químicas tóxicas persistentes que contaminan el medio ambiente y afectan la salud, como níquel, cadmio y litio, sobre todo en las baterías recargables. Además, muchos de sus componentes poseen materiales valiosos -como oro y cobre- que pueden recuperarse en vez de disponerse en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto.

Mientras en el Congreso de la Nación se encuentra en discusión un proyecto de ley para establecer un marco legal regulatorio en el nivel nacional, los principales fabricantes y operadores de celulares comenzaron a implementar programas de recolección de baterías en la ciudad de Buenos Aires para cumplir con las disposiciones de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).

A través de la resolución Nº 262/08, el organismo establece que los responsables de la puesta en el mercado de pilas y baterías recargables deben tener un Plan de Gestión Integral de Pilas y/o Baterías Recargables Agotadas que permita a los consumidores desprenderse gratuitamente de ellas a través de un mínimo de 10 puntos de recolección distribuidos equitativamente en la ciudad.

Sin embargo, todavía en Argentina se recicla menos del 2% del total de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos colocados en el mercado, y entre el 4 y 6% de los provenientes del sector tecnológico. "Los niveles de reciclado y recuperación son mínimos si tenemos en cuenta las 100.000 toneladas anuales de residuos electrónicos que se generan en el país", dice Yanina Rullo, vocera de la campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace.

Nextel Argentina fue la primera empresa que presentó al organismo un plan y desde 2006 recolecta en sus sucursales las baterías que devuelven sus clientes, que son enviadas y almacenadas transitoriamente en un depósito donde las revisan y clasifican en reutilizables y no reutilizables.

Según datos de la empresa, entre 2009 y 2010 recuperaron más de 120.000 baterías, que fueron colocadas nuevamente recicladas en el circuito comercial, mientras que sólo este año han enviado a disposición final unas 10 toneladas de baterías.

A partir de octubre de 2009, Telecom Personal también comenzó con su plan de reciclado con la instalación de urnas en todas las oficinas comerciales de la Capital y en cuatro de la provincia de Buenos Aires.

También desde el año pasado Nokia tiene su plan según los requerimientos de APRA. La empresa cuenta con urnas de recolección en distintas áreas de la ciudad, como los centros de atención al cliente de Claro y en los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC).

Planes federales

En el nivel nacional sólo Motorola y Movistar han establecido planes de reciclado. Ecomoto es el programa que el fabricante emprendió voluntariamente en más de 73 países y que desde 2008 se implementa en la Argentina. "Se trata de una campaña de recolección, reciclado y correcta disposición final de celulares, baterías y accesorios en desuso, tanto de Motorola como de otros fabricantes. La idea es minimizar el impacto ambiental que produce la eliminación inadecuada de estos materiales", explica Pablo Orsei, country manager de la empresa en la Argentina.

Los clientes pueden depositar sus equipos en desuso en los buzones ubicados en los 39 centros de atención al cliente de la compañía, que se encuentran distribuidos en las ciudades más importantes del país. "Sólo en un año logramos recolectar más de 2560 toneladas de productos eléctricos y electrónicos en desuso en el mundo", agrega Orsei.

Movistar comenzó con el Programa de Recolección y Reciclado de Baterías en 1999 cuando todavía era Unifón (antes de la fusión con Movicom) y desde entonces ha recolectado 2.500.000 baterías. La empresa tiene 80 buzones distribuidos en los edificios y oficinas comerciales propias en todo el país.

"Este programa forma parte de la política ambiental de Telefónica en el nivel global que consiste en dar una solución ecológica y responsable para todos los componentes obsoletos relacionados con el negocio, evitando su disposición final en rellenos sanitarios", afirma Teodoro Huaiquiñir, coordinador del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa.

Camino de vuelta

El proceso de reciclado se inicia cuando las baterías en desuso son depositadas en las urnas de recolección. Después son retiradas por una empresa especializada en residuos electrónicos que las acopia y prepara para su posterior envío a una planta de reciclado en el exterior, donde se procesan para obtener nuevamente materias primas como litio, cobalto o níquel, con una calidad tal que permiten ser usadas como insumos de nuevos procesos industriales.

Silkers trabaja en la Argentina con todos los operadores locales y algunos fabricantes, como Motorola, Nokia, Samsung y LG. Recupera casi la totalidad de los elementos, pero las baterías desechadas son acopiadas en bolsas y acondicionadas en tambores que se exportan a firmas autorizadas para su tratamiento final. Sólo existen cinco plantas en el mundo que realizan ese tratamiento, y Silkers tiene acuerdos con dos.

"El principal riesgo en los celulares está en las plaquetas electrónicas y en las baterías, cuando se destruyen o se mojan. Al desecharlo, el celular deja de tener valor y pasa a ser un riesgo", afirma Gustavo Protomastro, director de la empresa.

Para revertir esta situación, desde Greenpeace advierten sobre la necesidad de una ley de presupuestos mínimos para la gestión y el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos. En ese sentido, la idea es usar el modelo existente en la Unión Europea y en gran parte de Estados Unidos, donde también están presentes la mayoría de las empresas que operan en la Argentina.

Se trata del principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que promueva el compromiso del fabricante desde la producción hasta el tratamiento, una vez finalizada la vida útil del producto (recuperación, reciclado y disposición final).

En ese sentido, el senador Daniel Filmus presentó en 2008 un proyecto para regular el tema que todavía espera para convertirse en ley. Tanto las empresas como las organizaciones ecologistas acompañaron la iniciativa.

Un punto destacable es que para realizar este programa no se necesitan grandes cifras económicas. Si bien las empresas deben pagar para efectuar la recolección y el tratamiento de baterías, pueden obtener ganancias con la venta del resto de los materiales reciclados.

Fuente: La Nación